“Tantas normas impactan la actividad económica en nuestro país, y la avicultura no queda por fuera de esta apreciación”, señaló Andrés Valencia, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en un comunicado oficial expedido por esta agremiación.
Dentro de la normatividad que impacta negativamente la actividad avícola, el directivo citó la Ley 388 de 1997 (de Planes de Ordenamiento Territorial) porque “deja abierta la puerta para que los municipios modifiquen el uso del suelo rural, revocando su vocación agraria para favorecer proyectos turísticos o de vivienda; esto va en contra de un derecho fundamental consagrado en el artículo 65 de la Constitución, como es la protección a la producción de alimentos”.
Agregó el presidente de Fenavi que “en materia sanitaria el sector está sobre regulado y las cargas financieras que implica cierta normativa pone en evidencia la inconsistencia y la falta de coordinación de las entidades públicas”. Como ejemplo de ello nombró la Resolución 3642 de 2013 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), “compendio normativo en bioseguridad, que implica al sector inversiones millonarias. En paralelo el Ministerio de Agricultura debió diseñar una política de financiamiento para atender estas exigencias pero eso no ocurrió”.
En el inventario de normas gravosas para los avicultores, Valencia señaló también la Ley 1255 de 2008, que establece la prevención de la influenza aviar y de la enfermedad de Newcastle como de interés nacional. “Ordenó la creación de la Comisión Nacional Avícola, que a la fecha no ha sido activada. Hoy el ICA no tiene quien le supervise su gestión de control de estas enfermedades y toda la estrategia contra la Newcastle es incierta”.
Por último, anotó que “el Ministerio de Ambiente expidió una norma para controlar los olores que no responde a la realidad nacional. Y viene otra en camino en materia de vertimientos a la cual le auguramos la misma complejidad y carencia de criterio”.
